CARTA CIUDADANA N°2, 2017
SOLICITUD URGENCIA PROYECTO LEY
ABUSO SEXUAL IMPRESCRIPTIBLE EN CHILE:
AHORA ES URGENTE

20 de Junio de 2017

A la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria:

Durante 2016, y en el contexto de una campaña ciudadana que continúa, entregamos a representantes de los tres poderes del Estado una primera carta ciudadana* firmada por sobrevivientes de abuso y nuestros compatriotas, conforme se reiniciaba la discusión parlamentaria en torno al proyecto de ley por la imprescriptibilidad de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes menores de edad. El pasado 21 de marzo, en votación unánime de la Comisión Infancia del Senado, fue aprobada al fin la idea de legislar en lo general.

Reconocemos en cada paso que se ha dado, un motivo de esperanza. Sin embargo, a diario, entre cincuenta a sesenta niños viven abusos sexuales en nuestro país; una víctima cada 33 minutos aproximadamente. Durante la escritura y edición de esta carta, serán dos niños o niñas más. Esto no puede esperar. Por eso, Presidenta, necesitamos su apoyo confiriendo urgencia a la tramitación de la ley por #ASimprescriptible que, ojalá, se convierta en parte de su legado de gobierno.

El abuso sexual infantil (A.S.I.) ha sido calificado por Naciones Unidas como un delito equivalente a la tortura. Desde hace varios años -y muy recientemente en octubre de 2015- el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas viene explicitando la necesidad de que el Estado de Chile avance hacia mejores estándares de protección de los niños, niñas y adolescentes en una pluralidad de materias. En particular, en su último informe, el Comité reitera su recomendación de establecer la imprescriptibilidad de delitos de agresión sexual y comercio sexual con menores.

Un número ejemplar de países civilizados han eliminado la prescripción de los abusos sexuales y sin ir más lejos, Argentina cuenta desde 2015 con la Ley 27.206 “de respeto al tiempo de las víctimas”. Es el primer país de Latinoamérica y Chile podría ser el segundo. Voluntad ciudadana no nos falta: somos miles de mujeres y hombres –no sólo sobrevivientes- quienes entendemos que el abuso sexual infantil es un crimen único, por la edad y vulnerabilidad extrema de sus víctimas, un crimen perfecto por la indefensión, silenciamiento  y realidad inescapable de niños, niñas y adolescentes -completamente dependientes del mundo adulto- y un crimen permanente, en muchos casos, por la duración y gravedad de sus secuelas (que infligen enorme sufrimiento a sus sobrevivientes).

No podemos continuar ignorando los ininterrumpidos avances legislativos internacionales en esta materia, ni la evidencia científica provista por la medicina y la psicología del trauma, por cierto, de sobra conocida y completamente disponible. Ignorar dicha evidencia y no integrarla en nuestra legislación es una negligencia no menos que deliberada a estas alturas, y una crueldad a la luz de los actuales plazos de prescripción de 5 años –máximo 10 años, en pocos casos- para delitos cuyas víctimas pueden demorar décadas en develar (durante este año, conocimos de las miles víctimas en Australia cuyo tiempo promedio de develación fue de 33 años).

El derecho internacional señala que cuando existen impedimentos estructurales o fuerza irresistible para acudir al sistema de justicia -provocando la desprotección de un sector relevante y especialmente vulnerable de la población como es la infancia- los estatutos de prescripción no sólo pueden, sino que DEBEN eliminarse.

Negar #derechoaltiempo y acceso a justicia es un acto de discriminación grave contra un sector completo y muy vulnerable de la población. Recordemos que cualquier víctima, para iniciar una acción penal, debe realizar una denuncia, y ésta requiere obligatoriamente de un relato. En el A.S.I., el relato depende de que puedan completarse procesos neurobiológicos y psicosociales complejos que permitan a las víctimas comprenderse como tales, y recién entonces, en un contexto seguro, elaborar y verbalizar el trauma. 

La prescripción –gracia que otorga el Estado a quien comete un delito- en general sirve a fines de certeza jurídica. Sin embargo, es sólo dañina para el orden y la paz social cuando niega justicia a miles de sobrevivientes y arriesga conscientemente a miles de niños más a ser victimizados por agresores sexuales cuya impunidad y patrones de reincidencia sólo auguran una tragedia ininterrumpida.

Nuestro país se ha comprometido a respetar y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos niños tanto en su carta fundamental como en la suscripción de Convenciones Internacionales con valor de ley. Es indispensable que el Estado exprese de modo creíble y contundente dicho compromiso: así lo han exigido diversos organismos y cortes, y así lo ha expresado como intención la Presidenta, en reiteradas ocasiones. Con mayor razón, entonces, necesitamos contar con la urgencia del Ejecutivo en la tramitación del proyecto de Ley que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución. Con un apoyo inequívoco de la Presidencia, sus integrantes podrán responder con el debido sentido de premura y humanidad. Es tiempo.

Respetuosamente,

Vinka Jackson y James Hamilton, sobrevivientes de abuso sexual.

 

*Primera carta ciudadana: “Abuso Sexual Imprescriptible en Chile: es tiempo“, ha reunido más de 9.500 firmas a la fecha

Firma carta urgencia ejecutivo

Gracias por apoyar la imprescriptibilidad del Abuso Sexual

20 de junio de 2017.

A la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria:

Durante 2016, y en el contexto de una campaña ciudadana que continúa, presentamos una carta firmada por sobrevivientes de abuso y nuestros compatriotas (http://abusosexualimprescriptible.cl/abuso-sexual-imprescriptible-es-tiempo, con casi nueve mil quinientas firmas a la fecha) a representantes de los tres poderes del Estado, conforme se reiniciaba la discusión parlamentaria en torno al proyecto de ley por la imprescriptibilidad de los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes menores de edad. El pasado 21 de marzo, en votación unánime de la Comisión Infancia del Senado, fue aprobada al fin la idea de legislar en lo general.

Reconocemos en cada paso que se ha dado, un motivo de esperanza. Sin embargo, a diario, entre cincuenta a sesenta niños viven abusos sexuales en nuestro país; una víctima cada 33 minutos aproximadamente. Durante la escritura y edición de esta carta, serán dos niños o niñas más. Esto no puede esperar. Por eso, Presidenta, necesitamos su apoyo confiriendo urgencia a la tramitación de la ley por #ASimprescriptible que, ojalá, se convierta en parte de su legado de gobierno.

El abuso sexual infantil (A.S.I.) ha sido calificado por Naciones Unidas como un delito equivalente a la tortura. Desde hace varios años -y muy recientemente en octubre de 2015- el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas viene explicitando la necesidad de que el Estado de Chile avance hacia mejores estándares de protección de los niños, niñas y adolescentes en una pluralidad de materias. En particular, en su último informe, el Comité reitera su recomendación de establecer la imprescriptibilidad de delitos de agresión sexual y comercio sexual con menores.

Un número ejemplar de países civilizados han eliminado la prescripción de los abusos sexuales y sin ir más lejos, Argentina cuenta desde 2015 con la Ley 20276 “de respeto al tiempo de las víctimas”. Es el primer país de Latinoamérica y Chile podría ser el segundo. Voluntad ciudadana no nos falta: somos miles de mujeres y hombres –no sólo sobrevivientes- quienes entendemos que el abuso sexual infantil es un crimen único, por la edad y vulnerabilidad extrema de sus víctimas, un crimen perfecto por la indefensión, silenciamiento y realidad inescapable de niños, niñas y adolescentes -completamente dependientes del mundo adulto- y un crimen permanente, en muchos casos, por la duración y gravedad de sus secuelas (que infligen enorme sufrimiento a sus sobrevivientes).

No podemos continuar ignorando los ininterrumpidos avances legislativos internacionales en esta materia, ni la evidencia científica provista por la medicina y la psicología del trauma, por cierto, de sobra conocida y completamente disponible. Ignorar dicha evidencia y no integrarla en nuestra legislación es una negligencia no menos que deliberada a estas alturas, y una crueldad a la luz de los actuales plazos de prescripción de 5 años –máximo 10 años, en pocos casos- para delitos cuyas víctimas pueden demorar décadas en develar (durante este año, conocimos de las miles víctimas en Australia cuyo tiempo promedio de develación fue de 33 años).

El derecho internacional señala que cuando existen impedimentos estructurales o fuerza irresistible para acudir al sistema de justicia -provocando la desprotección de un sector relevante y especialmente vulnerable de la población como es la infancia- los estatutos de prescripción no sólo pueden, sino que DEBEN eliminarse.

Negar #derechoaltiempo y acceso a justicia es un acto de discriminación grave contra un sector completo y muy vulnerable de la población. Recordemos que cualquier víctima, para iniciar una acción penal, debe realizar una denuncia, y ésta requiere obligatoriamente de un relato. En el A.S.I., el relato depende de que puedan completarse procesos neurobiológicos y psicosociales complejos que permitan a las víctimas comprenderse como tales, y recién entonces, en un contexto seguro, elaborar y verbalizar el trauma.

La prescripción –gracia que otorga el Estado a quien comete un delito- en general sirve a fines de certeza jurídica. Sin embargo, es sólo dañina para el orden y la paz social cuando niega justicia a miles de sobrevivientes y arriesga conscientemente a miles de niños más a ser victimizados por agresores sexuales cuya impunidad y patrones de reincidencia sólo auguran una tragedia ininterrumpida.

Nuestro país se ha comprometido a respetar y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos niños tanto en su carta fundamental como en la suscripción de Convenciones Internacionales con valor de ley. Es indispensable que el Estado exprese de modo creíble y contundente dicho compromiso: así lo han exigido diversos organismos y cortes, y así lo ha expresado como intención la Presidenta, en reiteradas ocasiones. Con mayor razón, entonces, necesitamos contar con la urgencia del Ejecutivo en la tramitación del proyecto de Ley que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución. Con un apoyo inequívoco de la Presidencia, sus integrantes podrán responder con el debido sentido de premura y humanidad. Es tiempo.

Respetuosamente,

Vinka Jackson y James Hamilton, sobrevivientes de abuso sexual.

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